Renuncia el encargado de vigilar a los funcionarios públicos en México

En un mensaje dirigido a la prensa y difundido a través de Periscope, el funcionario anunció su decisión de dejar el cargo y argumentó que con la entrada en vigor del Sistema Anticorrupción, la norma exige que el titular de la Función Pública sea propuesto formalmente por el presidente de la República y ratificado por el Senado. “Por tal motivo decidí presentar hoy al presidente de México mi renuncia como secretario de la Función Pública, a fin de que el Ejecutivo Federal cumpla a cabalidad con el mandato constitucional de contar, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, con un secretario de la Función Pública debidamente nombrado y ratificado”, puntualizó Virgilio Andrade.

Dijo que su determinación personal obedece a la necesidad de que las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción sean confiables, y aseguró que con la entrada en vigor del Sistema finaliza la era de la administración tradicional del control interno, para dar paso a “un nuevo episodio ciudadano y plural”.

El Sistema Nacional Anticorrupción es un conjunto de instituciones que se encargarán de combatir estas prácticas en el Gobierno y el sector empresarial, basándose en las leyes que serán promulgadas este lunes; entre ellas la polémica ley ‘3 de 3’, que obliga a los funcionarios públicos a presentar tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal.

Esta ley fue modificada de su redacción original por el presidente Peña y aprobada por el Congreso con estas modificaciones. El cambio consistió en un veto del presidente al artículo 32 de dicha ley, que establecía que los empresarios también debían presentar sus declaraciones, lo que dejó insatisfechos a legisladores de oposición y actores sociales que intervinieron en ese proyecto, al considerar que el mandatario -y los legisladores que aprobaron el proyecto con el veto- buscaban favorecer al sector empresarial.

Un cargo controversial

El papel de Andrade al frente de la secretaría de la Función Pública fue cuestionado desde su designación por parte del presidente Enrique Peña, en febrero de 2015, cuando asumió el cargo y la encomienda de investigar el presunto conflicto de interés en el caso conocido como ‘Casa Blanca’. Las dudas surgieron debido a que el presidente designó -él mismo- al encargado de investigarlo, por la adquisición de una casa ubicada en las Lomas de Chapultepec [una de las colonias más acaudaladas de la capital mexicana], valuada en siete millones de dólares.

Peña Nieto argumentó entonces, que la designación de Andrade obedecía a un ejercicio de “transparencia y apertura” para que se investigara el posible conflicto de interés en la compra del inmueble a la contratista gubernamental Grupo Higa, transacción realizada -según el presidente- por su esposa, Angélica Rivera.

Seis meses después, Virgilio Andrade anunció que la dependencia a su cargo había investigado el caso y no había hallado tal conflicto de interés, por lo que consideró el caso “legalmente cerrado”.