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Una simulación, la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Archivos, señala investigadora

Una simulación, la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Archivos, señala investigadora

Agencias

Ciudad de México.- La iniciativa de reforma ante el Congreso de la Unión de la Ley Federal de Archivos (LFA) es una simulación; su presunta modernización y actualización con fines de vanguardia muestra una severa regresión con dosis importantes de censura, aseveró la doctora María Amparo Casar.

“Es un atentado a preservar la memoria o la posibilidad de su reconstrucción por generaciones futuras de periodistas y de investigadores, por lo que representa un retroceso”, apuntó.

La especialista expuso que resulta necesario “visibilizar la discusión del problema y mantener el debate público” e instó a no “ceder”.

La propuesta de una nueva Ley General de Archivos (LGA) fue presentada en noviembre del año pasado en el Senado de República con el propósito de garantizar la preservación del patrimonio documental de la nación y permitir la construcción de un sistema nacional articulado de rendición de cuentas y de mecanismos de coordinación de los tres niveles de gobierno en materia archivística.

En la mesa La desaparición (forzada) de la historia. Debate sobre la nueva Ley de Archivos –convocada por la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– aseveró que la actual Ley es mucho mejor, pese a sus restricciones.

La Ley vigente con sus reglamentos estipula que “todo lo que contiene el Archivo General de la Nación (AGN) es fuente de acceso público”, pese a que estipula restricción de 30 años para los documentos que contienen datos normales y 70 años para aquellos con datos personales sensibles. “Los plazos son exagerados, pero esto es mucho mejor que lo que se propone”.

La profesora-investigadora del Departamento de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) comentó que “es como una de las tantas leyes en nuestro país, en el entramado jurídico mexicano”; una ley que introduce excepciones por si algo se llega a ofrecer y que se hizo ad hoc “pensando en una coyuntura en particular”.

En su opinión representa “un paso adelante y dos atrás” porque añade restricciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y a la Ley General de Datos Personales que con todas sus limitaciones representan un avance. “Pero el proyecto de Ley es más restrictivo, en un momento en que las naciones avanzadas van hacia la transparencia”.

La LGA “atenta contra el principio de que ninguna autoridad del Estado puede aumentar el catálogo de las causales de reserva que se prevén en la Ley con el fin de limitar el acceso a la información”.

La columnista y comentarista de política en radio, prensa escrita y televisión, precisó que la propuesta de la nueva legislación no define a los documentos que alberga el AGN como fuente de acceso público, abriéndose así la posibilidad para que se niegue la información o se entregue testada, con el pretexto de que contiene datos de personas, cuando la restricción de los datos personales o sensibles desaparece al estar en el AGN.

En ese sentido la norma y tendencia en los países democráticos es la definición de acceso público; establecer el principio de sopesar el bien público respecto al individual; los documentos pasan en automático al archivo histórico cuando carecen de su valor administrativo presente y sus plazos de restricción se van reduciendo, incluso tienden a ser automáticos.

Además se imponen reglas para restar discrecionalidad a la decisión de entrega de información, por lo que los documentos no tienen la restricción de los datos personales.

El caso de México muestra lo contrario, “nuestros archivos no están definidos como fuentes de acceso público, y no todo lo que resguarda el AGN es histórico, pues quien valora lo que es histórico es el personal burocrático de la dependencia en cuestión”.

Así “sólo uno por ciento de lo que obra en poder del AGN está valorado como histórico, el 99 por ciento restante no; por lo tanto, no es de acceso público y cuando se decide que carece de valor histórico, se puede destruir”.

El doctor Lorenzo Meyer Cossío, académico de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseveró que los archivos representan poder y “cuando se pretende disminuir el acceso a los mismos es porque quien los controla tiene el poder y por consiguiente están quitándonos poder para restringirlo a la elite que lo ejerce y los controla”.

El doctor en Relaciones Internacionales por el Colegio de México compartió que no es correcto destruir documentos con información, “primero por ser de propiedad pública pagados con nuestras contribuciones”, además de que todo dato, por insignificante, es relevante para buscar la verdad.

A pocos interesan los archivos, “pero es un grupo importante porque es la recreación del pasado, que si bien la historia no puede ser objetiva, el problema de la subjetividad se reduce si se tiene el documento”.

El académico, periodista, historiador y analista político dijo “que no hay derecho moral y legal” con la propuesta de la nueva LGA, “porque lo que están haciendo es resguardar la parte negra del ejercicio del poder”.

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