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El senador panista traidor y malagradecido

El senador panista traidor y malagradecido

Las autoridades electorales y el gobierno tendrán que ser vigilantes permanentes para evitar violaciones a la ley en la materia durante la elección del 1 de Julio y así cerrarle el paso a cualquier posibilidad de fraude, porque no respetar la voluntad popular provocaría hechos de consecuencias lamentables.

El Gobierno Federal encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto y todas las autoridades electorales tienen que implementar mecanismos acertados para que no se registre fraude electoral, porque sí los ciudadanos sospechan, huelen y tienen evidencias de irregularidades, no lo pensarán dos veces y saldrán a las calles a exigir respeto para su voto.

Proteger la democracia, es una medida preventiva que impide acciones violentas en contra de instituciones públicas, marchas, manifestaciones de protesta, cierre de puentes y carreteras.

El gobierno tiene que respetar la voluntad popular, si no lo hace tendrá que vivir, sufrir y enfrentar ese tipo de movimientos que no le convienen al país ni a los mexicanos, porque de por si vive una ola de violencia y provocar más desorden generaría caos y desestabilización que afectaría bastante a México y las familias.

Los partidos políticos y sus candidatos realizan su chamba para ganar el apoyo ciudadano y quien no obtuvo la mayoría, debe reconocer sus errores, equivocaciones e incapacidad para ganar la simpatía y el sufragio y reconocer su derrota, porque denunciar y acusar la existencia de un fraude sería irresponsable y peligroso, ya que pondría en riesgo la paz y tranquilidad de los mexicanos.

Insisto, primero está la seguridad de la población y la estabilidad de México, por encima de esto, no pueden estar intereses políticos ni caprichos personales. No respetar la ley y la decisión popular ocasionaría más problemas de violencia y sucesos lamentables.

Cambiando de tema, los ciudadanos, sobre todo las familias necesitan del apoyo de los candidatos y gobernantes para que gestionen un alto a los aumentos al servicio de luz, ya que este cobro pulveriza el salario de los trabajares, dejándolos sin dinero para la alimentación y educación de sus hijos.

Resulta que el gabinete económico del presidente Enrique Peña Nieto, realiza las últimas pillerías en contra de la población, al aplicar aumento a las tarifas de energía eléctrica.

En varios casos, en el último bimestre el costo se incrementó hasta más del doble, obligando a las familias a conseguir dinero prestado para cubrir el costo de este servicio.

La Comisión Federal de Electricidad, a la hora que se le ocurre comete abusos con sus usuarios, principalmente de las colonias, a los cuales les aplica un cobro de mil, mil 500, 2 mil y hasta tres mil pesos, lo cual es imposible de pagar con el salario que perciben los trabajadores y se ven en la necesidad de conseguir dinero prestado con vecinos y familiares para poder cubrir este cobro.

El gobierno federal ha tenido un comportamiento despiadado hacia la sociedad, al no frenar los abusos de la CFE, la cual durante su tiempo de existencia ha cometido gran cantidad de abusos contra la sociedad y no hay autoridad que la frene.

Ante los constantes abusos perpetrados por la CFE, es necesario se aplique una supervisión a esta empresa para constatar la legalidad de las tarifas que aplica y que hace correcta aplicación del dinero que recibe por concepto de este servicio.

Debería ser sometida a una intensa auditoría, para verificar que el dinero no se lo están robando o desviando para el financiamiento de campañas políticas, porque los actuales funcionarios del gobierno federal, no son confiables y se pueden atrever a usar recursos públicos para hacer política.

Es necesario se vigile permanentemente a la CFE, para evitar sea un medio para sacarle dinero al pueblo y sea este el que con el padecimiento de aumentos a las tarifas financie campañas políticos electorales.

En otro asunto, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, no sólo padece el desabasto de medicamentos, de doctores, mal servicio médico y deterioro de instalaciones hospitalarias, sino hasta robos, al ser víctima de atracos en los centros de salud de tres municipios.

Un ejemplo de ello, es que en los últimos dos meses y medio se han hurtado alrededor de 12 aires acondicionados, siendo el más perjudicado el centro de salud del municipio de Altamira.

La Secretaría de Salud, no ha establecido vigilancia permanente en dichos centros y por ello son blanco frecuente de los amantes de lo ajeno, quienes con toda facilidad y libertad cometen el ilícito.

Dejar la responsabilidad de la vigilancia a las autoridades locales y comités de salud para ayudar a proteger la infraestructura no es lo adecuado, lo correcto es que la Secretaría de Salud, contrate seguridad privada para evitar la actuación de los infractores de la ley y así asegurar el equipo y al personal de cada uno de los centros de salud.

El Gobierno del Estado apoya para la remodelación y rehabilitación de las instalaciones de los centros de salud y lo menos que debe hacer la Secretaría de Salud es trabajar en que exista la suficiente vigilancia para evitar el robo de equipo y daños a los inmuebles.

Con mensajes a los violadores de la ley, no impedirán su actuación, la evitarán con estrictas medidas de seguridad, por lo que si no solicitan el apoyo de seguridad privada y de elementos de

Seguridad Pública Estatal, los centros de salud seguirán siendo víctimas de los amantes de lo ajeno.

El robo de esos aires acondicionados tendrá que ser denunciado ante las autoridades ministeriales, para que se investigue, se recuperen y se castigue a los responsables.

El dato: El senador panista Ernesto Cordero, no sólo merece ser expulsado del PAN, sino el repudio y rechazo de todo el panismo nacional por traidor, desleal y mal agradecido.

Por otro lado, una encuesta realizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), da como resultado que si hoy fuera la elección Andrés Manuel López Obrador alcanzaría el 41.7 de las preferencias; Ricardo Anaya, el 21.0 por ciento; y 13.6 por ciento José Antonio Meade y el 2.0 por ciento Jaime Rodríguez Calderón.

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