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La imponderable transición presidencial en México

La imponderable transición presidencial en México

A juzgar por las realidades que los mexicanos estamos observando, no nos debe quedar duda alguna de que es imponderable la transición presidencial en México, porque así lo reflejaron tanto el presidente en funciones Enrique Peña Nieto, como el empoderado presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quienes intercambiaron discursos “de terciopelo” durante el encuentro, que junto con sus respectivos equipos de trabajo, sostuvieron durante el histórico día 20 de agosto del presente año 2018, evento que se llevó a cabo en el patio central del mal llamado Palacio Nacional, muy a la usanza de la época colonial que nuestros ancestros padecieron durante 300 años (1521-1821).

Lo verdaderamente preocupante de las enfáticas declaraciones de ambos personajes, no es precisamente la imponderabilidad de su dicho, porque en realidad, lo que nos debe preocupar es la empatía negativa que ambos presidentes exhibieron al hablarnos en repetidas ocasiones de una democracia que en México no existe porque fue cancelada cuando el Congreso de Querétaro redactó la Constitución de 1917, y de esa manera, dicho sea coloquialmente, ese cuerpo legislativo echó a la basura, la Constitución juarista y de Oro de 1857, la cual garantizaba la democracia verdadera.

Ese gravísimo error conceptual es manejado por nuestros políticos y gobernantes, como si fuera una panacea lingüística y un bello adorno retórico, lo cual, en lo personal, y como estudioso del pulcro lenguaje universal, francamente me causa mucha pena el hecho de escuchar esas “estupideces retóricas”, con las que suelen adornarse los tribunos mexicanos.

Ese gravísimo error conceptual es producto del adoctrinamiento del que los mexicanos hemos sido víctimas porque se nos ha obligado a creer que el perverso presidencialismo creado por el General Lázaro Cárdenas, y quien durante su régimen presidencial sexenal, le concedió “carta de naturalización” a ese penoso error conceptual, mediante el cual, desde entonces, a los mexicanos se nos ha hecho creer, que la centralización del poder presidencial en una sola persona, es democracia.

Ese grave error conceptual, me obliga a volver a explicar lo que debemos entender por “democracia verdadera”, expresión que de manera correcta debemos entender, es una concepción jurídica que no se debe reducir al significado etimológico de esa palabra, la cual, como sabemos, significa “gobierno del pueblo, por y para el pueblo”, sin embargo, debemos trascender al concepto, y por eso

mismo es indispensable pensar en sus tres bases fundamentales, las cuales, son las Leyes, la Economía y las Finanzas, y la Educación.

Esas son las tres bases que por científicas son irrefutables, y a no dudarlo, son las que le dan soporte supremo a la “democracia verdadera”, porque se trata de un “régimen de gobierno” que debe garantizar la paz social y la gobernabilidad por medio de “Leyes de excelencia perfectible o en mejora continua”, cuya finalidad es la de garantizar el desarrollo de las actividades industriales y comerciales, que en su conjunto conforman las fuentes de empleo.

Y esas son las actividades que, al generar las fuentes de trabajo, permiten el crecimiento sostenido de la riqueza, legal y correctamente ordenada que debe ser garante de la economía y de las finanzas sanas, lo mismo de las familias mexicanas, que, del propio Gobierno Federal, los de las Entidades Federativas, y los de todos los municipios del país.

En el caso de la economía familiar, ésta se fortalece con la percepción de salarios o remuneraciones realmente justas y proporcionales a la taxonomía de los empleos, tanto obreros como profesionales, los cuales deben ser tazados y pagadas en proporción de las labores realizadas en cada una de las ocho horas de trabajo, y tomando en cuenta los trabajos que se realicen en tiempos extras, días festivos, sábado y domingos, según la regulación establecida en la Ley del Trabajo.

El Gobierno, por su parte, también podrá fortalecer su economía y las finanzas públicas, por medio de la elevada, permanente y sostenida recaudación de impuestos, así como de las rentas que recaude por concepto de la exploración y explotación de los recursos naturales, correspondientes a las concesiones reguladas conforme a la normatividad Constitucional.

Con base en lo anterior, tanto el Gobierno en sus tres niveles, federal, estatal, y municipal, tendrían la capacidad económica y financiera, para financiar sus quehaceres públicos, sin recurrir a los acostumbrados recortes presupuestales, y entre esos compromisos destaca el financiamiento de la educación, como tercera palanca para el desarrollo integral de la nación mexicana.

Las familias mexicanas, de manera semejante a los referidos tres niveles de gobierno, también tendríamos suficiente poder económico para disfrutar de una vida digna, y también podríamos pagar los estudios de nuestros hijos en todos los niveles y modalidades de la educación pública o privada, según el caso.

De esa manera se debe asegurar el desarrollo integral de cualquiera de las naciones democráticas del mundo, pero en la actualidad solamente existen diez países cuyas sociedades disfrutan de ese régimen de gobierno, y se agrupan en sólo Siete Democracias, que conforman el Grupo de los Siete (G-7), y son los Estados Unidos de América, Japón, Alemania, Canadá, Francia, Italia y el Reino Unido de la Gran Bretaña, el cual está integrado por Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra.

Y para colmo de males, que pena nos causa el hecho que de las 193 naciones acreditadas como miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sólo las diez naciones mencionadas cuentan con Leyes y Gobiernos Democráticos, porque, las 183 restantes, entre las que se encuentra México, están catalogadas como subdesarrolladas, porque son antidemocráticas.

Email: [email protected] … Facebook: Ciriaco Navarrete Rodríguez

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