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Pide PES acelerar revocación de mandatos municipales en Tamaulipas

Pide PES acelerar revocación de mandatos municipales en Tamaulipas

Cien días de gobierno en Victoria alertan su premura

Ramón Mendoza S.
Reportero

Al paso de los cien días de gobierno municipal en los 43 ayuntamientos de Tamaulipas han sido pocos los ediles que han ofrecido buenas cuentas.

En este sentido, el Partido Encuentros Social (PES) demando al congreso del estado acelerar la iniciativa de ley de revocación de mandato.

Marte Alejandro Ruiz Nava dirigente municipal de este instituto político en Victoria recordó que están en temporada electoral y los candidatos proliferan aunque la mayoría no tenga la menor idea de las funciones que le tocaría desempeñar si acaso lo favorece el voto popular en las urnas, como ocurre con el actual presidente municipal de esta capital Xicoténcatl González Uresti.

Menciono que es evidente el mal trabajo que algunas alcaldías han venido realizando como es el caso de Victoria y si existiera esta fórmula constitucional, el pueblo demandaría que el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas (IETAM) convoque a proceso de revocación de mandato para someter a votación la permanencia de los funcionarios a solicitud de la ciudadanía.

“Ya son 100 días de gobierno y los resultados ahí están, si no pueden pues que dejen el camino para quien si pueda administrar una ciudad sobre todo un ayuntamiento” asevero.

Apuro al congreso del estado dar entrada a la iniciativa de revocación de mandato y con ello dar la oportunidad a la ciudadanía de definir el futuro de cada servidor público.

Explicó que la revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana con el cual el electorado puede votar para decidir si algún mandatario debe ser removido de su cargo antes de concluir su periodo original, aunque la Constitución Política estatal no lo prevé, a diferencia de otros instrumentos como el referéndum y la consulta popular.

De aprobarse, la iniciativa constituiría un avance significativo en materia de protección de los derechos políticos y civiles de la población en general para garantizar el derecho humano a la participación ciudadana, a fin de que ésta sea un instrumento que permita el reconocimiento en la toma de decisiones.

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